En nuestra segunda entrega de la serie de la EPPN sobre desradicalizaci\u00f3n, nos enfocamos en enumerar las diversas formas en que el gobierno federal de EE. UU. ha buscado abordar la amenaza del extremismo interno. La Oficina de Relaciones Gubernamentales de la Iglesia Episcopal ha seguido de cerca estos avances desde que se aprob\u00f3 la Resoluci\u00f3n del Consejo Ejecutivo sobre la supremac\u00eda blanca y la desradicalizaci\u00f3n, como parte de un esfuerzo por mantener a la iglesia informada sobre la desradicalizaci\u00f3n y las iniciativas para ayudar a posibles extremistas violentos a rechazar su ideolog\u00eda y reintegrarse en las comunidades.<\/p>\n\n\n\n
Las entregas de esta serie se enviar\u00e1n semanalmente a trav\u00e9s de la lista de correo electr\u00f3nico de la EPPN y se publicar\u00e1n en las redes sociales de la EPPN en Facebook, Twitter e Instagram @TheEPPN.<\/p>\n\n\n\n
Extractos de \u00abDesradicalizaci\u00f3n: Recomendaciones para la Iglesia Episcopal\u00bb, elaborado por la Oficina de Relaciones Gubernamentales y la Oficina para Relaciones Ecum\u00e9nicas e Interreligiosas de la Iglesia Episcopal, mayo de 2021<\/strong>\u00a0<\/p>\n\n\n\n Respuesta del gobierno de EE. UU.\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n El gobierno de EE. UU. aborda la radicalizaci\u00f3n interna y el terrorismo principalmente a trav\u00e9s del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ). El DHS cre\u00f3 el Grupo de Trabajo para la Lucha contra el Extremismo Violento (CVE)<\/a> en 2016. El grupo de trabajo se cre\u00f3 para aprovechar el trabajo realizado tras los atentados del 11 de septiembre con el fin de crear \u00abv\u00edas de salida\u00bb para las personas que se han involucrado en ideolog\u00edas extremistas. El programa identifica y apoya el desarrollo de programas de desvinculaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n para su posible uso por parte del sector de la justicia penal en casos que involucren actos violentos de terrorismo o comportamiento extremista. En 2020, el DOJ identific\u00f3<\/a> adem\u00e1s los esfuerzos de reforma ideol\u00f3gica y doctrinal utilizados por la Naci\u00f3n del Islam para alejarse de sus creencias respecto al separatismo afroamericano<\/a> y la relaci\u00f3n con el gobierno de EE. UU. El departamento tambi\u00e9n expres\u00f3 su apoyo a las t\u00e1cticas de la CVE.<\/p>\n\n\n\n El Centro Brennan para la Justicia public\u00f3 un informe<\/a> en el que condena el enfoque de la CVE ante el extremismo. El informe explica que la CVE intenta utilizar indicadores no comprobados para identificar a quienes corren riesgo de radicalizarse. Tambi\u00e9n explica que este enfoque del gobierno federal se centra con demasiada frecuencia en los musulmanes como autores de extremismo violento. El Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) casi no cuentan con recursos ni material sobre las ideolog\u00edas del \u00abpoder blanco\u00bb o del nacionalismo cristiano. La respuesta del gobierno de EE. UU. ha variado seg\u00fan la administraci\u00f3n, pero el DHS ha otorgado subvenciones<\/a> a diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) que han trabajado en la desradicalizaci\u00f3n del extremismo de derecha, aunque esta subvenci\u00f3n ha sido inconsistente.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n La propuesta de pol\u00edticas m\u00e1s significativa tras la insurrecci\u00f3n del Capitolio del 6 de enero de 2021 es la Ley de Prevenci\u00f3n del Terrorismo Interno de 2021 (H.R. 350\/S<\/a>.4255<\/a>). La DTPA fortalecer\u00eda los esfuerzos del gobierno federal para prevenir, informar, responder e investigar actos de terrorismo interno al autorizar oficinas dedicadas a combatir <\/a>las amenazas del extremismo interno, exigir que estas oficinas eval\u00faen regularmente las amenazas relevantes y proporcionar capacitaci\u00f3n y recursos para ayudar a las fuerzas de seguridad estatales, locales y tribales a abordarlas. La DTPA autorizar\u00eda tres oficinas \u2014una dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), otra en el Departamento de Justicia (DOJ) y otra en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)\u2014 para monitorear, investigar y procesar casos de terrorismo interno. El proyecto de ley tambi\u00e9n exige que estas oficinas presenten al Congreso informes semestrales que eval\u00faen el estado de las amenazas de terrorismo interno, con un enfoque espec\u00edfico en los supremacistas blancos. Con base en los datos recopilados, la DTPA exige que estas oficinas concentren sus recursos en las amenazas m\u00e1s significativas. La DTPA tambi\u00e9n crea el Comit\u00e9 Ejecutivo contra el Terrorismo Nacional, que coordinar\u00eda con los fiscales de los Estados Unidos y otros funcionarios de seguridad p\u00fablica para promover el intercambio de informaci\u00f3n y garantizar un esfuerzo conjunto y organizado para combatir el terrorismo nacional. La legislaci\u00f3n exige que el DHS, el DOJ y el FBI brinden capacitaci\u00f3n y recursos para ayudar a las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley estatales, locales y tribales a comprender, detectar, disuadir e investigar actos de terrorismo interno, mencionando espec\u00edficamente a la supremac\u00eda blanca. Por \u00faltimo, la DTPA ordena al DHS, al DOJ, al FBI y al Departamento de Defensa que establezcan un grupo de trabajo interinstitucional para combatir la infiltraci\u00f3n de supremacistas blancos en los servicios uniformados y en las fuerzas de seguridad federales.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Desarrollos recientes en la respuesta del Gobierno de EE. UU.\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n El ataque del 6 de enero de 2021, en el que una turba estimada en m\u00e1s de 2,000 personas irrumpi\u00f3 en el Capitolio con el objetivo de interrumpir el proceso del Congreso para ratificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, ha dado lugar a la investigaci\u00f3n penal m\u00e1s grande<\/a> en la historia de Estados Unidos. La investigaci\u00f3n ha tenido alcance nacional, con detenciones de presuntos alborotadores en casi todos los 50 estados, as\u00ed como en el Distrito de Columbia, y ha contado con la participaci\u00f3n de agentes y fiscales de casi todas las oficinas locales del FBI y de las Procurador\u00edas de los Estados Unidos en el pa\u00eds. Tras el primer a\u00f1o de investigaciones, bajo el liderazgo de la Fiscal\u00eda Federal del Distrito de Columbia y la oficina local del FBI en Washington, m\u00e1s de 800 estadounidenses han sido detenidos<\/a> y acusados de destrucci\u00f3n de propiedad, agresi\u00f3n a personal de seguridad p\u00fablica, agresi\u00f3n a miembros de los medios de comunicaci\u00f3n u otras conductas ilegales. Se han presentado cargos de conspiraci\u00f3n contra 40 de los acusados, de los cuales los fiscales alegan que la mayor\u00eda tiene v\u00ednculos con grupos extremistas de supremac\u00eda blanca, como los Proud Boys u Oath Keepers. En v\u00edsperas del primer aniversario del asalto al Capitolio, el fiscal general Merrick Garland reafirm\u00f3 el compromiso del Departamento de Justicia de hacer que los responsables rindan cuentas por su violencia y destrucci\u00f3n. En su discurso, Garland dijo: \u00abEl Departamento de Justicia mantiene su compromiso de hacer que todos los responsables de los hechos del 6 de enero, a cualquier nivel, rindan cuentas ante la ley \u2014ya sea que estuvieran presentes ese d\u00eda o que, de alguna otra manera, sean penalmente responsables del ataque a nuestra democracia. Seguiremos los hechos dondequiera que nos lleven\u00bb. A medida que las investigaciones contin\u00faan avanzando, puedes encontrar las versiones completas de la mayor\u00eda de los documentos judiciales p\u00fablicos utilizados para compilar estas estad\u00edsticas en la p\u00e1gina de recursos de la investigaci\u00f3n sobre la irrupci\u00f3n en el Capitolio<\/a> del Departamento de Justicia.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, el<\/a> Comit\u00e9 Especial de la C\u00e1mara de Representantes<\/a> para Investigar el Ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos est\u00e1 llevando a cabo audiencias p\u00fablicas sobre la informaci\u00f3n que recopil\u00f3 durante los 10 meses de investigaci\u00f3n de su panel. En estas audiencias se presenta material in\u00e9dito que documenta los hechos del 6 de enero, se recaban testimonios de testigos, se anuncian pr\u00f3ximas audiencias y se ofrece al pueblo estadounidense un resumen de las conclusiones de la campa\u00f1a coordinada y de m\u00faltiples etapas para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 e impedir la transferencia de poder. Puedes mantenerte al d\u00eda con las audiencias visitando el sitio web del Comit\u00e9 Especial<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Si bien las investigaciones del Departamento de Justicia (DOJ) sobre los autores del ataque al Capitolio pueden ser actualmente el esfuerzo m\u00e1s visible del gobierno federal para enfrentar la naturaleza violenta y destructiva del extremismo interno, su compromiso de combatir las amenazas que plantean las ideolog\u00edas de odio tambi\u00e9n se puede observar en la mayor atenci\u00f3n y enfoque por parte de las agencias federales y el Congreso.\u00a0Desde el ataque al Capitolio, m\u00faltiples agencias gubernamentales, entre ellas la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Departamento de Justicia, han evaluado que el extremismo violento interno representa una amenaza elevada para Estados Unidos<\/a>.\u00a0<\/p>\n\n\n\n En su primer d\u00eda completo en el cargo, el presidente Biden orden\u00f3 al Consejo de Seguridad Nacional (NSC) que preparara una revisi\u00f3n integral de 100 d\u00edas sobre los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para abordar el extremismo interno. El 15 de junio de 2021, la Casa Blanca<\/a> public\u00f3 la primera Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo Interno<\/a> de la historia del pa\u00eds.\u00a0En sus conclusiones, el informe identific\u00f3 que los dos elementos m\u00e1s letales del extremismo interno son los extremistas violentos con motivaciones raciales o \u00e9tnicas comprometidos con la supremac\u00eda blanca y los extremistas violentos antigubernamentales, como los extremistas de las milicias. Tras las evaluaciones del informe, se presenta una estrategia propuesta que esboza un marco integral centrado en cuatro pilares estrat\u00e9gicos que se implementar\u00e1n en todo el gobierno federal y en coordinaci\u00f3n con socios no federales para combatir el extremismo interno en todo el pa\u00eds, espec\u00edficamente entre quienes se identifican con ideolog\u00edas de supremac\u00eda blanca y milicias antigubernamentales. Los pilares son los siguientes: (i) comprender y compartir informaci\u00f3n relacionada con el terrorismo interno; (ii) prevenir el reclutamiento y la movilizaci\u00f3n hacia la violencia por parte del terrorismo interno; (iii) desarticular y disuadir la actividad del terrorismo interno; (iv) hacer frente a los factores que contribuyen a largo plazo al terrorismo interno.<\/p>\n\n\n\n El 117.\u00ba Congreso tambi\u00e9n ha tomado medidas para abordar el extremismo radical al aprobar las primeras leyes importantes contra los delitos de odio desde que se aprob\u00f3 en 2009 la Ley de Prevenci\u00f3n de Delitos de Odio Matthew Shepard y James Byrd Jr.<\/a> En 2021, el presidente Biden<\/a> promulg\u00f3 la Ley<\/a> contra los Delitos de Odio relacionados<\/a> con la COVID-19,<\/a> tras recibir un apoyo abrumador de ambas c\u00e1maras del Congreso. El proyecto de ley estableci\u00f3 subvenciones para que los estados creen l\u00edneas directas estatales de denuncia de delitos de odio. Tambi\u00e9n autoriza subvenciones para que los gobiernos estatales y locales implementen el Sistema Nacional de Reportes Basados en Incidentes y lleven a cabo actividades de aplicaci\u00f3n de la ley o programas de reducci\u00f3n de la delincuencia para prevenir, abordar o responder a los delitos de odio. Adem\u00e1s, la legislaci\u00f3n mejor\u00f3 el proceso de denuncia de los delitos de odio por parte de las fuerzas del orden y exige una revisi\u00f3n acelerada y la presentaci\u00f3n de informes sobre los delitos de odio, facilitados por un oficial designado o un empleado del Departamento de Justicia (DOJ).<\/p>\n\n\n\n La segunda ley importante sobre delitos de odio aprobada por el 117.\u00ba Congreso fue la Ley Emmett Till contra el linchamiento<\/a>. El proyecto de ley lleva el nombre de Emmett Till<\/a>, un joven de 14 a\u00f1os que fue secuestrado, golpeado y linchado en Mississippi durante el verano de 1955 tras ser acusado de silbarle a una mujer blanca. El presidente Biden lo promulg\u00f3 como ley el 29 de marzo de 2022. El proyecto de ley tipific\u00f3 el linchamiento como un delito de odio federal y declar\u00f3 ilegal que una persona conspire para cometer un delito de odio. Este fue un paso significativo para la legislaci\u00f3n sobre delitos de odio, ya que el Congreso no hab\u00eda logrado aprobar proyectos de ley similares contra el linchamiento en m\u00e1s de 200 ocasiones durante los \u00faltimos 100 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n En mayo, ambas c\u00e1maras del Congreso sometieron a votaci\u00f3n la mencionada Ley de Prevenci\u00f3n del Terrorismo Interno de 2021. La semana despu\u00e9s del horrible tiroteo masivo<\/a> cometido por un supremacista blanco en Buffalo, Nueva York, la C\u00e1mara de Representantes aprob\u00f3 el proyecto de ley<\/a> por 222 votos a favor y 203 en contra. Sin embargo, no logr\u00f3 pasar en el Senado, y el proceso se ha estancado porque la legislaci\u00f3n carece de los 60 votos necesarios para ser aprobada bajo las actuales reglas de obstruccionismo.<\/p>\n\n\n\n El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tambi\u00e9n ha aumentado las subvenciones que otorga a los lugares de culto a trav\u00e9s de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) debido a la creciente amenaza del extremismo violento interno y los delitos de odio. Ideolog\u00edas que van desde la supremac\u00eda blanca, la intolerancia religiosa o las opiniones antigubernamentales han motivado a personas a cometer actos atroces de violencia en lugares de culto. Estos ataques, incluidos los tiroteos masivos en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh<\/a> y en<\/a> la iglesia Mother Emanuel AME en Charleston<\/a>, han hecho necesarias medidas de protecci\u00f3n adicionales para garantizar que todas las personas en Estados Unidos puedan sentirse seguras al asistir a los cultos y expresar sus creencias religiosas. Esta administraci\u00f3n ha incrementado su apoyo al brindar \u00abasistencia t\u00e9cnica a m\u00e1s de 7,000 l\u00edderes religiosos y comunitarios\u00bb, conect\u00e1ndolos con oportunidades de financiamiento que permiten a los lugares de culto protegerse mediante el Programa de Subvenciones de Seguridad para Organizaciones sin Fines de Lucro<\/a>, cuyo presupuesto se ha duplicado. Las subvenciones tienen como objetivo apoyar mejoras en la seguridad f\u00edsica y actividades de preparaci\u00f3n para organizaciones sin fines de lucro que se encuentran en alto riesgo de sufrir un ataque terrorista.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En nuestra segunda entrega de la serie de la EPPN sobre desradicalizaci\u00f3n, nos enfocamos en enumerar las diversas formas en que el gobierno federal de EE. UU. ha buscado abordar la amenaza del extremismo interno. 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